El pasado lunes 16
de abril el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) emitió una
sentencia en la que ordenaba la nulidad del Plan General de Ordenación (PGO) de
El Rosario por presuntas irregularidades urbanísticas en la unidad de actuación
de Montaña de Jagua, ya que considera ilegal la urbanización de este enclave.
Los afectados siempre sostuvieron que el consistorio nunca les permitió
presentar alegaciones al documento, lo que de confirmarse atentaría contra las
exigencias de publicidad y transparencia en los trámites administrativos.
En la denuncia, que
fue estimada por el TSJC, se exponía que el Ayuntamiento de El Rosario había
tramado una modificación urbanística de sus propiedades para exclusivo
beneficio de terceros, ya que en la unidad de actuación se perjudicaba a los
propietarios por el paso de viarios que afectaban a naves industriales y
vivienda, y en cambio se recalificaba un suelo declarado rústico de protección
agrícola en el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT).
En la primera exposición pública del PGO, en 2005, Javier Fernández
informó de que sus terrenos eran urbanos, pero antes de las últimas elecciones
expuso que "se fraguó a mis espaldas una trama que acabó incluyendo mis
terrenos en una unidad de actuación urbanística para beneficiar a otros que
están justo al lado del barranco de Santa Catalina, en una zona catalogada como
agrícola".
Cabe recordar que
el ayuntamiento ya había aprobado el PGO en 2010 después de que la Cotmac
condicionara al consistorio a dar traslado al documento de tres sentencias
judiciales: la que anulaba un acuerdo de la Cotmac respecto a la cesión de
aprovechamiento en la unidad de actuación C2; la que ordenaba la supresión del
vial planteado como continuación de la vía longitudinal segunda del Camino La
Mina, y la que anulaba el Sector de Suelo Urbanizable C1-El Varadero.
El planeamiento
deberá retrotraerse a la fase de aprobación inicial y deberá salir a
información pública la referida unidad de actuación de Montaña de Jagua.
